- Opinion
- By Jose Luis Jiménez Robleto
Ex diputado Cambronero cuestiona presupuesto de la Muni San Ramón
UNO DE MAYO
El próximo 1 de mayo, harán juramento constitucional las autoridades municipales recién electas para asumir labores por 4 años. Para algunos significa la continuidad en puestos de elección popular, dado que ha sido reelectos por voluntad del soberano.
El ejercicio cívico y patriótico de servir a los demás, debe estar permanentemente matizado de una profunda e inquebrantable voluntad de servir y de una sana e impecable gestión de los recursos públicos.
En el caso de mi querido cantón, San Ramón, ello significa no más ni menos, la celosa ejecución de un presupuesto ordinario 2020 con sumas millonarias. El mismo ha venido creciendo y demanda de un ejercicio democrático del poder, donde la transparencia y la eficacia deben conducir a la feliz conclusión, de que estamos gobernados por los mejores y ello debería darnos la confianza en la más sabia administración de recursos públicos. De manera que esta se haga con el más estricto apego a normas y criterios de oportunidad, conveniencia, eficacia e irrenunciable ahorro y cuido de esos “cinquitos” que todos aportamos a través de nuestros impuestos municipales, pago de servicios y suma destinadas a amortización de deudas e intereses sobre préstamos asumidos por autoridades con “sesudos planes de inversión”.
El ejercicio fiscal vigente lo enfrentamos en San Ramón con un presupuesto ordinario por más de 9 290 millones de colones; 6 094 millones producto de tributos y otros ingresos no tributarios, como aseo de vías y recolección de basura, 1 800 millones por transferencias del Poder Ejecutivo como la Ley 8114 (Impuesto a los combustibles); y 1 383 millones por desembolso de créditos adquiridos con anterioridad. De modo, que nuestra municipalidad se convierte en la empresa de mayor peso económico y la de mayor impacto para su desarrollo económico. Dicho presupuesto incluye los dineros correspondientes al Consejo de Distrito de Peñas Blancas.
La sapiencia de los líderes políticos que allí nos representan –Alcaldía y regidores y síndicos- marcarán la diferencia entre ser gestores de desarrollo y oportunidades, o dilapidar recursos y conformarse simplemente con administrar lo que hay, esperando a ver qué pasa. Esto último, no es opción en política ni en el manejo de fondos públicos. Estoy plenamente convencido que el presupuesto debe constituir una poderosa herramienta para el desarrollo de los pueblos y el surgimiento de industria y comercio, manejado suponemos, con la mayor austeridad y cuidado de lo que no me pertenece. Ambos valores, constituyen las premisas esenciales de quienes regirán nuestros destinos por los próximos 4 años.
En materia de finanzas municipales, dos temas se tornan apremiantes para los ramonenses. Estos son los referidos a qué entendemos por gastos corrientes y lo concerniente al cierre técnico del botadero de basura. Sobre el primer rubro se destinan 4 209 millones y sobre lo segundo se adquirió un crédito con el IFAM por 465 millones para el cierre del botadero. Préstamo que compromete futuros ingresos, lo cual no es lo mejor, dado que los contribuyentes ya aportamos 1 000 millones anuales para que nos recojan la basura. Y a partir del 20 de enero, ya no se deposita basura en Piedades Norte, se envía fuera del cantón y en las cuentas municipales encontramos dos rubros cuya finalidad no nos queda clara: una partida denominada servicios de gestión y apoyo para ese fin –recolección de basura- y otra por 315 millones para el cierre técnico del relleno sanitario. Esto sucede, cuando el mismo presupuesto nos indica, que los gastos asociados al botadero municipal son de 241 millones de colones al año. El tema sobre el manejo de desechos sólidos en San Ramón, se veía venir desde hace más de 4 años; el plazo otorgado por la sala constitucional se ha vencido y no hubo capacidad para resolver en tiempo y en forma. Al contrario, se reservaron partidas para tales fines y más bien la alcaldía y concejo municipal, endeudan a los ramonenses con 315 millones para emprender una solución que no vemos por ningún lado. Más bien, existe el riesgo que presente algún presupuesto extraordinario para asumir los costos de enviar la basura a otro lado y el mismo –adivine qué- será asumido por los contribuyentes. No hubo capacidad en estos años para emprender acciones más vigorosas para motivar a la población a separar residuos, avanzar en educación ambiental y a disminuir la cantidad y volumen de desechos. Hemos perdido tiempo y la valiosa oportunidad de implementar algunos de los elementos de la Ley 8839-Ley para la Gestión Integral de Residuos.
La municipalidad de San Ramón posee 276 empleados. El impacto de dicha planilla sobre el presupuesto municipal, hace que el 37% del presupuesto de la misma se va en salarios. De 9 290 millones en posibles ingresos, se destinan 3 426 millones en salarios. Tomemos en consideración que dicho presupuesto incluye transferencias por el impuesto a los combustibles y préstamos adquiridos con antelación. O sea de cada colón que recauda la municipalidad, cuarenta céntimos serían para salarios. Me encantaría contar con un dato comparativo, cuántos empleados había en la municipalidad hace 4 años, con respecto a hoy en día. ¿Qué razones explican un crecimiento tan robusto de dicha planilla? De igual manera comparativamente, las remuneraciones en el sector público para efectos de remuneraciones equivalen al 26% del mismo. O sea que el mismo gobierno muestra mayor prudencia en el manejo de esos recursos.
Bajo la modalidad de Servicios Especiales, hay 7 plazas de confianza asignadas a la alcaldía, que consumen más de 64 millones al año. Plazas creadas para “realizar labores de asesoría a la alcaldía, para que bride colaboración a la alcaldía, para brindar colaboración al alcalde en área social y económica, para brindar colaboración en oficina de Iniciativa Municipal y para brindar colaboración y apoyo a agricultores del cantón”. En los informes de alcaldía de los años 2017 y 2018, no hay hallazgos sobre el producto tangible del quehacer de dichos asesores y su impacto en el mejoramiento y desempeño de la administración; así como se carece de información sobre el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, pues no hay mención a la evaluación de desempeño o qué tipo de indicadores se han fijado para justificar su existencia, más aún si allí se suman dos medios tiempos para dar seguimiento a proyectos y fortalecimiento de la imagen, no sé si de alguien o de la municipalidad como un todo.
En San Ramón, contamos con ayuntamiento desde hace más de 140 años y dicho ente históricamente, ha sido motor de desarrollo, y ese es el norte que no debemos perder. Meses atrás ha sido en extremo penoso y bochorno, ver a esta municipalidad en los peores lugares en el Índice de Transparencia, estudio realizado por la Defensoría de los Habitantes. El año anterior, se tomaron en consideración los criterios de acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y política de datos abiertos. Alcanzamos una calificación de 20,8, ocupando el lugar 213 de 255 instituciones evaluadas, donde municipalidades como la de Naranjo y Sarchi nos superan. En el 2017 estuvo entre las 31 que no aportaron información, cosa que sí hicieron municipios como Naranjo, Poas, Grecia, San Mateo, Sarchi, Zarcero y Peñas Blancas. En el 2018, el puntaje alcanzado fue de 16,37, dentro de una escala de 1 a 100. Estos son datos que a todos debería de ponernos a pensar, pues la municipalidad es la principal y más grande empresa en nuestro ámbito territorial. Y nos toca a todos velar por su mejor y máximo desempeño.
Se han adquirido importantes deudas para compra y modernización de maquinaria, de manera que a la red vial se le brinde una atención preventiva y oportuna. Por eso llama la atención que dentro del presupuesto asignado a la Unidad Técnica Vial, aparezcan 415 millones reservados para alquiler de maquinaria y equipo cuando más bien dicha partida debiera ir disminuyendo drásticamente, dado que hay nuevo equipo y en consecuencia se dependa cada vez menos de alquiler de maquinaria a terceros. Aunado a ello, la reserva de 230 millones para mantenimiento y reparación y compra de repuestos y accesorios a vehículos, también es alta, pues hay equipo nuevo y requiere menos gastos en esos rubros.
Si nos permiten un consejo, nuestras autoridades municipales, en aras de recudir gastos y buscar mayor eficiencia y mejor rendimiento de las finanzas públicas, las nuevas autoridades debiesen revisar algunas partidas y tomar decisiones para presupuestos venideros. Se pertenece a un órgano como FEDOMA, cuyo aporte anual es de 17 millones, y qué es lo que recibimos a cambio; en qué nos benefician, cuando más bien pareciera ser una entidad burocrática creada como especie de cementerio de los elefantes, pues mi percepción es que lo poco que se hace desde allí, lo podemos lograr con nuestros propios medios en el ámbito local y con adecuada visión estratégica.
Escudriñando el mismo presupuesto ordinario para este ejercicio fiscal y último sobre el cual decidieron las actuales autoridades locales, en el rubro capacitación y protocolo, se ha transversal izado gastos por más de 7 millones, cuando en realidad es bastante probable que con la mitad de esa cantidad, se pueden cubrir las necesidades allí contenidas y enviar una fuerte señal a los ciudadanos del buen cuido y sana administración de los recursos públicos. Lo mismo ocurre con el rubro alimentos y bebidas por más de 16 millones. Entiendo que el protocolo y atender a visitantes requieren de ciertos gastos propios de la ocasión; pero la combinación de ambos montos -23 millones- es excesivo.
Gastos en radio y televisión por más de 32 millones para campañas de divulgación, información y comunicación, es otra partida de obligada revisión. Suma alta que debiera ser dedicada a campañas informativas, para combatir morosidad e informar sobre el quehacer municipal y no el de una persona en específico. El uso de estos recursos debe estar debidamente alineados con objetivos institucionales y no particulares.
Contempla dicho presupuesto más de 325 millones destinados fundamentalmente al mantenimiento y mejoramiento de la red vial cantonal, a lo cual se suman aportes de los vecinos. No comprendo aún, cómo se echa a andar dicho programa, sin existir aún un reglamento sobre presupuestos participativos, donde debe ser garantizada la calidad de los materiales utilizados en dichas vías, así como el criterio técnico en cuanto al diseño y ejecución de los proyectos. En el plan de compras se detallan además, otros 1000 millones para lastre y asfaltos, lo cual no es poca cosa.
El Festival Navideño contará con casi 22 millones este año y es importante valorar el impacto del mismo. Cómo impacta de manera positiva la llegada de visitantes y el aumento de ventas en los patentados durante esas semanas tan especiales e intensas.
La denominada Copa Alcaldía consume recursos por más de 16 millones sin estar vinculada a ningún plan de desarrollo deportivo o fomento del deporte y la sana creación para la juventud masculina y femenina, mucho nos a constituir una acción estratégica en la promoción de la salud o sana recreación. Más bien en el informe de labores 2018 alegremente se indica que la final de dicho torneo, significó repartir más de 600 platos de “arroz con pollo” a la estimable ciudadanía que acudió al cierre de dicho torneo. Insisto este tipo de gastos hay que vincularlos con mayor claridad y seriedad a un plan de desarrollo municipal que debe ser a todas luces estratégico y austero. Y no de disponer alegremente de los recursos.
A escasos 60 días de que asuman, este importante compromiso cívico en nombre todos los ramonenses, deseo su mayor compromiso por los próximos 4 años, es decir 48 meses, y no por menos menos tiempo, pues a eso se abocaron en la pasada campaña política, donde nos han pedido su respaldo por 4 años y no por menos, no vaya ser que el frío cálculo electoral le genere un disgusto y sorpresa a algunos votantes, del pasado proceso electoral.
Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas
Cèdula 0204060127
(Foto tomada del Pac)
