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Las Municipalidades y el COVID-19

 

Ing. Henry Alfaro Rojas, MGP, PMP, IMC.

Exalcalde y Expresidente Municipal de Grecia

 

El próximo 01 de mayo asumirán su cargo los nuevos alcaldes, regidores y síndicos. Se integrarán a partir de ese día los Concejos Municipales con su presidencia y vicepresidencia, sus comisiones permanentes y especiales, los concejos de distrito y una nueva generación de gobernantes locales, en algunos casos con experiencias anteriores, iniciarán su tarea en una coyuntura tanto local como nacional y mundial muy diferente.

 

Estamos en estado de pandemia por el Covid-19, un estado de guerra contra un virus que amenaza a la población humana, en especial a los adultos y personas con ciertas patologías previas, que en caso de salirse de control nuestro sistema de salud podría no tener capacidad de respuesta.

 

En Costa Rica se detonó el virus con el primer caso el pasado 6 de marzo, lo que ha llevado, apenas en cuestión de semanas, a tomar medidas propias de una situación de guerra. Prohibición al ingreso de extranjeros con su impacto en el transporte aéreo, cancelación de eventos masivos, cierre de establecimientos de reunión pública, bares, gimnasios, establecimientos deportivos, establecimiento de restricción al movimiento de vehículos por placas en rangos horarios y regulaciones al movimiento del servicio público de autobuses; todo esto en medio de directrices para el aislamiento social y protocolos para mejorar el aseo personal, la limpieza en zonas de alto tránsito y hasta cómo estornudar.

 

A lo anterior se suma una serie de leyes nuevas y modificaciones a otras para reducir el impacto en la economía en general y en particular en las personas, familias y empresas; medidas adoptadas por el Ejecutivo en procura de garantizar la menor cantidad de muertes y asegurar la capacidad de nuestro sistema de salud de responder ante la gravedad de los efectos que sobre la salud provoca el virus; medidas en su gran mayoría propias de los poderes Ejecutivo y Legislativo, implementadas por los Ministerios de Salud, Seguridad, Hacienda y Trabajo e instituciones como CCSS, CNE, ICE, CNFL, actores del sistema financiero, entre otras, y muy especialmente por las Municipalidades. Por supuesto con la participación activa de la población que, a esta altura de la evolución del virus, tras poco más de un mes, merece un aplauso. Muy a pesar de unos cuantos cabezones y a pesar de la pobreza y limitaciones económicas de muchas familias causada por una economía que ya venía decayendo, ha mostrado un comportamiento ejemplar. Gracias costarricenses por su educación y solidaridad.

 

Desde el inicio de la declaración de la Pandemia por parte de la OMS, las Municipalidades han tomado acción conforme sus competencias, dando publicidad formal a las medidas y haciendo llegar comunicados a la población y a sus clientes, cerrando parques y áreas públicas, cerrando establecimientos deportivos en coordinación con los Comités Cantonales de Deportes que son un ente municipal pero con personería jurídica instrumental, apoyando al Ministerio de Seguridad con la Policía Municipal o con los inspectores municipales según sea el caso, haciendo recorridos de verificación de cumplimientos de cierres y aplicando sanciones cuando corresponde, haciendo fumigaciones de mercados, lavados y desinfección de aceras y parques.

 

También de forma coordinada, junto a la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), se inició la búsqueda de soluciones para enfrentar la crisis, tanto para las Corporaciones Municipales como para sus munícipes, patentados y propietarios de bienes inmuebles que se han visto afectados en diferentes formas y en un abanico de situaciones muy diferentes.

 

Tenemos municipalidades con afectación en el sector turismo con grandes extensiones de Zona Marítimo Terrestre (ZMT), con cánones por su concesión a beneficiarios, hoteleros en su mayoría, patentados que verán disminuidos sus ingresos y cuyas patentes en la mayoría de las leyes son calculadas con base en la renta bruta y renta neta. La cantidad de afectaciones es enorme, alquileres de mercados, patentados de establecimientos cerrados y con reducción de ingresos, proyectos de construcción desacelerados y en general todos los ingresos de los servicios públicos que prestan los municipios presentarán problemas de pago o incremento en la morosidad.  

 

Más del 20 % de la población de Costa Rica tiene agua potable de sistemas municipales, el servicio de recolección, tratamiento y disposición final de la basura, el servicio de limpieza de vías y mantenimiento de parques, los servicios de parquímetros, el servicio de la policía municipal y servicio de mantenimiento y administración de cementerios, son servicios que por su naturaleza y según nuestra legislación se cobran al costo y en el mejor de casos según lo actualizada que esté su tarifa, cuenta con un máximo de un 10 % para desarrollo del mismo servicio; por lo tanto, no se puede tomar dineros de los ingresos de un servicio para subsidiar otro gasto ordinario de la Municipalidad.

 

Si un servicio en un periodo fiscal genera un superávit o se quedan fondos sin invertir, esos recursos irán a la liquidación y se reinvertirán en el periodo siguiente y por lo tanto, en caso de tener servicios deficitarios la municipalidad entraría en un problema de liquidez, inclusive para pagar los salarios de los servicios deficitarios.

 

Aquí entra en juego otro factor y es la limitante legal del tope del 40% del gasto en administración, restricción que busca tener altos niveles de eficiencia y eficacia en la administración municipal y que ante la caída de ingresos podría poner en problemas a algunos municipios, principalmente aquellos con economías más limitadas.

 

La coyuntura es de especial cuidado en la mayoría de los gobiernos locales que tienen muy pocos ingresos de los impuestos de patentes, construcciones y bienes inmuebles o impuestos especiales como cemento, banano y de los muelles o aeropuertos que benefician a cierto grupo de municipios.

 

Como sabemos en Costa Rica muy pocas municipalidades tienen ingresos significativos de esos rubros, básicamente las siete cabeceras de provincia San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Guanacaste, Puntarenas y Limón, y algunos cantones como el caso de Belén, Escazú, Curridabat, Santa Ana, Garabito, San Carlos y otros pocos, de forma que la capacidad de maniobra financiera de las municipalidades es poca, considerando que menos del 20 % está en un rango de ingreso alto.

 

Lo anterior sin considerar que el proceso de aprobación de los presupuestos municipales es de los mejor llevados por la Contraloría General de la República (CGR), los cuales se clasifican en 4 programas, Dirección y Administración General, Servicios Comunales, Inversiones e Inversiones por Partidas Específicas, este último de muy escasa cuantía. Esto hace que en general las municipalidades sean de las mejor controladas en lo financiero y que sus niveles de endeudamiento estén ligados a los ingresos libres de los flujos presupuestarios que responden a datos históricos y crecimientos controlados que inclusive se van ajustando a lo largo del año conforme los informes de ejecución y gasto de cada trimestre.

 

Los Alcaldes presiden las Comisiones Municipales de Emergencia y desde que se decretó la alerta amarilla han estado al frente, cada uno en su cantón y en estricto alineamiento con lo que dicta la CNE y las directrices y decretos del Poder Ejecutivo, muchos en silencio, pero trabajando en cada uno de los 82 cantones.

 

Llama la atención el desconocimiento de algún sector del periodismo nacional y de la población sobre las posibilidades reales de actuar en esta pandemia de los municipios costarricenses, quizás el régimen municipal menos autónomo y descentralizado de América, con gran diferencia de otras latitudes donde el poder que les confirió la ley es mucho más amplio tanto en competencias como presupuesto donde alcanzan en promedio el 23.9 % del presupuesto nacional (10 veces más que en CR) y son verdaderos gobiernos locales.

 

Al respecto mi llamado a las nuevas autoridades locales, que el próximo 1 de mayo harán su Juramento Constitucional de respetar y hacer cumplir la constitución y las leyes de la República, es para que con mucha asertividad, compromiso y respeto al marco de legalidad puedan implementar y dar continuidad con innovación y apertura al nuevo orden económico imperante.

 

Lo anterior no pretende en ninguna medida hacer un llamado a no actuar. Todo lo contrario, es un llamado a hacerlo bien, a que en medio de la situación y de poner como prioridad al ser humano y de evitar el colapso de nuestro sistema de salud, responsablemente también se inicie o de continuidad a una revisión del presupuesto municipal, se recorte cualquier gasto posible y se procuren inversiones que den trabajo a los sectores que más dinamizan la economía.

Algunas municipalidades responsablemente como es el caso de Grecia, a la cual represento como regidor, no hemos hecho uso del superávit del 2019, para dar espacio y margen a las nuevas autoridades, pero también habrá que revisar con el Ministerio de Hacienda, la inminente reducción de los ingresos de la Ley 8114 y sus reformas que afectará a las Unidades Técnicas de Gestión Vial Municipal (UTGVM).

Creo que será prioridad de quienes aún estamos comprometidos y de las nuevas autoridades, apoyar cambios en la legislación, generar ahorros, evitar nuevas contrataciones de personal y fomentar acciones de apoyo para reducir costos de los servicios municipales. Instruir la revisión de las tarifas, en los casos que se pueda. Se debe evitar inversiones que sean postergables para rebajar el costo de cualquier servicio en la inmediatez.

Por otro lado, esta situación da una gran oportunidad para que las municipalidades sean autorizadas por ley para constituirse como Unidades Ejecutoras de Proyectos (UEP) de Obra Pública y colaboren con los Ministerios de Educación, Seguridad, Vivienda, Obras Públicas, CCSS y CNE, entre otros, en la ejecución de obra pública local. Son muchas las escuelas, colegios, proyectos de vivienda social,  áreas de salud, cárceles, delegaciones de seguridad y de tránsito, puentes, caminos, obras de seguridad de causes, estabilidad de taludes, inclusive de mantenimiento y limpieza de cunetas y bordes de caminos de la red vial nacional, que si fuesen contratados a nivel local permitirían una verdadera distribución de la riqueza, llevando bienestar a familias de áreas rurales y dinamizando la economía desde lo local y con ello impactando positivamente sobre los índices de pobreza y seguridad del país, sin dejar la responsabilidad supervisora de los dueños de los fondos.

            Requerimos que el Poder Legislativo apoye una iniciativa integral, que permita otorgar una moratoria del pago de impuestos y servicios a quienes demuestren requerirlo sin desfinanciar el flujo de efectivo para honrar los compromisos, flexibilizar el uso de ingresos con destino específico, trasladar ingresos de servicios con balance positivo a otros que puedan tener déficit, usar los superávit libres en gasto ordinario, incrementar el porcentaje permitido de gasto administrativo temporalmente para evitar despidos, así como no cobrar algunos cánones del Gobierno Central, tal es el caso de la ONT y el RN que toman recursos del IBI; y asegurar los ingresos para el mantenimiento de caminos y especiales en las municipalidades que aplique para lograr la sostenibilidad del Régimen que como bien lo han dicho muchos, está llamado a actuar, innovar y apoyar con su gestión el desarrollo humano integral de sus comunidades.

            Hoy, nuestro Régimen Municipal, a pesar de ser pequeño en su porcentaje de participación del presupuesto de inversión pública, apenas un 2.3 %. Tiene una condición financiera muy sana, contrario al Gobierno Central que tiene un 45 % de su gasto ordinario financiado con endeudamiento y que sistemáticamente por décadas violentó la Constitución. Las municipalidades solo tienen un 4.8 % de endeudamiento y nunca han financiado gasto ordinario con ingresos extraordinarios. Razón por la cual aplicar la regla fiscal al Régimen que nunca ocupó una nueva ley para cumplir con el precepto constitucional resulta no solo innecesario, sino absurdo.

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La sorpresa para muchos hoy en día es cómo un virus logró desordenar la vida de 7000 millones de habitantes. En esta situación estamos todos metidos y solo juntos como humanidad podemos sacarlo adelante. 

 

A pesar de los avances tecnológicos y la rapidez y efectiva respuesta de la comunidad científica internacional, esta pandemia puso en descubierto lo mucho que nos faltaba para estar preparados. En cada nivel político las medidas deben ser adaptadas siempre tomando en consideración a la Organización Mundial de la Salud, máximo exponente y última palabra para muchísimas naciones.

 

A pesar del efectivo descubrimiento y la inmediata investigación para conseguir una cura o vacuna para el SARS COV-2, no será posible ver una “solución” en un tiempo extraordinario y es por eso por lo que se debe trabajar y seguir trabajando después de pasada esta situación.

 

Sabiendo y entendiendo que muchas situaciones que conocíamos no volverán a ser como antes, empero otras cuestiones no cambiarán. Nuestra humanidad, tiene esa característica innata de sentimiento de pertenencia a un colectivo, por lo que será cada vez más difícil no asimilar que la afectación a Costa Rica será de proporciones iguales o peores al resto del mundo. 

 

Por esta razón, como gobiernos locales, debemos trabajar siguiendo los protocolos del Ministerio de Salud y demás recomendaciones sanitarias.  Pero se debemos realizarlas aún con más esfuerzos, según las necesidades de cada cantón. 

 

Teniendo claro que existen 82 realidades diferentes en todo el territorio nacional, existen una serie de acciones que son de ejecución general, por lo tanto, deben ser tomadas en cuenta por todos los gobiernos locales en sus respectivas jurisdicciones territoriales. 

 

Entre las acciones a considerar, y sin ser insistente, lo primordial será siempre educar y hacer entender a toda la comunidad (munícipes) la realidad de la situación, reproducir las veces que sean necesarias el debido protocolo de lavado de manos, distanciamiento social y de ser posible la cuarentena en el hogar, confinados a realmente no salir.

 

Lo anterior, sería una solución en el mundo ideal, pero la realidad es otra. No podemos ser egoístas y perder esa humanidad, hay que entender que no todos pueden darse el lujo de tomarse un par de semanas y no hacer nada en el hogar, tenemos miles de costarricenses que deben salir a trabajar a diario, por lo tanto, es imposible llegar a limitarles sus necesidades básicas, dónde algunos y algunas cumplen labores primordiales ante esta situación.

 

A lo interno de nuestras municipalidades, el cuidado que se debe de brindar al personal municipal, como los recolectores de basura, así como el personal de limpieza de calles y aceras son esenciales ante tal situación que vivimos. El correcto protocolo y las medidas de seguridad para estas personas son realmente necesarias, puesto que son labores que no pueden tomarse una pausa. 

 

Mientras tanto, el personal administrativo debe iniciar una migración algo inmediata hacia el teletrabajo.  La digitalización de nuestras municipalidades debe dejar de ser una promesa de campaña y convertirse ahora sí en una realidad. El presente y las circunstancias ameritan nuevas formas de gobernar y nuevas formas de brindar servicios a los ciudadanos.

 

Otra medida corresponde a censar los negocios locales y emprendedores del cantón y unir fuerzas con asociaciones, juntas o cámaras dentro del cantón es necesario. Desde una página web o una aplicación podemos prestar el espacio para ofertar los bienes y servicios, brindando herramientas necesarias para poder sobrellevar la crisis y reactivar la economía, que deberá tomar un giro frente a la incertidumbre que se avecina. 

 

No podemos solucionar el problema principal, es una tarea que nos toca a todos los y las habitantes de nuestro país, pero más importante, como habitantes del planeta. Lo mejor que podemos hacer es unir fuerzas para poder sobrellevar el presente, sin saber a ciencia cierta cuánto nos llevará esto y cómo será el futuro que nos aguarda, espero estemos más preparados para futuros escenarios de tan gran magnitud.

 

Dicho lo anterior, es indudable que nos corresponderá actuar como una generación de Regidores, Síndicos y Concejales que deben trabajar a partir de la existencia de nuevos paradigmas, distintas realidades y por ende actuar de forma distinta. No conocemos la magnitud real de la crisis, creo que hasta ahora solo vemos la punta del iceberg, pero estamos seguros que será muy seria, si se nos indica que Estados Unidos entrará en una “depresión” y este es nuestro mayor socio comercial a nivel mundial, definitivamente las finanzas de nuestro país se verán muy afectadas.

 

Es por ello, que debemos apostar indefectiblemente a una solución mucho más regional o casera, las campañas de “yo compro lo nacional” debemos transformarlas en apoyo al comercio cantonal y en un esfuerzo conjunto y primordial, debemos convencer a toda la administración municipal de que la recuperación solo se podrá dar si nos involucramos de cabeza en una campaña de este tipo. Trasladar los recursos necesarios tanto económicos como humanos para ayudar al comercio local a los emprendedores, a las Mipyme, establecer convenio con empresas que brinden empleo, con entidades gubernamentales de apoyo, procurar moratorias en pago de tributos (apelando a los Diputados para la aprobación de los mismos), aprobación de patentes y permisos en tiempos acordes con las necesidades de los comercios y ante todo, cambiar la forma de pensar, a partir de ahora nuestros administrados deben ser prioridad sobre cualquier otra, los recursos municipales deben maximizarse y canalizarse hacia un fin primordial. Recordemos que en la medida que los Atenienses prosperen, la municipalidad también lo hará. 

 

Artículo de Opinión de Ronald Ramírez, abogado y regidor electo de la Munipalidad de Atenas.

(Foto cortesía de Ronald Ramírez).

 

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Suspensión del Contrato de Trabajo

 

Como les comenté en el artículo anterior titulado “Reducción de las Jornadas Laborales” la emergencia nacional producto de la pandemia del COVID-19, ha hecho estragos en la vida de las personas alrededor del mundo, llevándonos a un confinamiento en los hogares anulando prácticamente todo tipo de contacto social, manteniendo relación exclusivamente con la familia nuclear pero con las excepciones del caso para las personas Adultas Mayores, generación en riesgo ante el virus del COVID-19. 

 

En estas últimas semanas el avance de este virus mostró a la población y a la economía mundial que puede desplomar en tiempo récord los mercados de las potencias mundiales como castillo de naipes con mayor agresividad que en la Gran Depresión del año1929 y mostrando la total vulnerabilidad de un bien público global esencial, la salud humana, ante este tipo de situaciones sin control dejando una estela de dolor y muerte a su paso.

 

Nuestro país no es una isla en un micro cosmos, somos parte de la economía mundial dentro de las regiones emergentes de América Latina y del Caribe, Costa Rica  como fiel protector de los derechos fundamentales ha realizado acciones en un corto tiempo para mitigar en cierta medida el impacto negativo de esta pandemia en el sector salud, social, laboral y económico, una de esas acciones en pro del derecho fundamental al trabajo es la promulgación del decreto 42248-MTSS publicado en el pasado 20 de marzo en el Diario Oficial La Gaceta, denominado “Reglamento para el procedimiento de suspensión temporal de contratos de trabajo en casos relacionados con los incisos a) y b) del artículo 74 del Código de Trabajo”. 

 

Este reglamento nace, entre otras razones, para proteger el empleo de las personas trabajadoras en nuestro país y que no se lleven a cabo despidos masivos ante una situación de emergencia de índole natural o por la condición del ser humano. Algunas incógnitas que pueden generarse en la población costarricense con respecto a este reglamento son comprensibles, más aún cuando se elabora en momentos de crisis y si efectivamente podrá amortiguar o brindar una solución real a la situación actual de las relaciones laborales. 

 

Haremos un recorrido general por dicho reglamento para que usted conozca sus puntos más relevantes y pueda hacer valer sus derechos en caso de que se le presente esta situación en su trabajo y su patrono incumpla las disposiciones señaladas en el mismo.  Lo primero que debemos conocer es que establecen los incisos a) y b) del artículo 74 del Código de Trabajo, que son la base del reglamento en mención:

 

ARTÍCULO 74.- Son causas de suspensión temporal de los contratos de trabajo, sin responsabilidad para el patrono ni para los trabajadores:

a) La falta de materia prima para llevar adelante los trabajos, siempre que no sea imputable al patrono;

b) La fuerza mayor o el caso fortuito, cuando traiga como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión del trabajo, …

Como se observa ya el Código de Trabajo dispuso cuales serían las causales para suspender temporalmente los contratos de trabajo -por falta de materia prima o por fuerza mayor o caso fortuito-; sin embargo, estas causales han tomado mayor protagonismo a raíz de la emergencia nacional declarada por el Gobierno de la República en los últimos días. Ahora bien, el reglamento en mención cuenta solo con ocho artículos, los cuales indican:

 

  1. En el artículo 1 se establece la solicitud de suspensión: El patrono cuenta con tres días para presentar la solicitud de suspensión temporal del contrato de trabajo fundamentado en el artículo 74 incisos a) y b) del Código de Trabajo, el plazo corre desde el día en que ocurrió el hecho generador (para nuestro interés en este momento la declaratoria de emergencia nacional).

 

  1. Requisitos de la solicitud: el mismo artículo 1 señala los requisitos que el patrono debe exponer en la solicitud ante la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), a saber: 

 

a) Hechos claros y concretos que la fundamenten.

b) Señalar si es la suspensión parcial o total.

c) El plazo aproximado para la suspensión.

d) Los puestos que serán suspendidos.

e) La lista de las personas trabajadoras y sus correos electrónicos.

f) Señalar un representante de los trabajadores.

g) Dirección de correo electrónico para recibir notificaciones.

    Es importante indicar que junto con la solicitud se aporta declaración jurada autenticada por abogado con el fundamento de la suspensión, asimismo manifestar que cumple con el pago del salario mínimo correspondiente y que está al día con los pagos de las cargas sociales ante la Caja Costarricense del Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros.

 

  1. Procedimiento establecido en el artículo 2: Presentada la solicitud, la jefatura de la Inspección de Trabajo tiene dos días hábiles a partir de que se le comunique el caso para para resolverla, es decir aceptando o rechazando la solicitud. Cabe el caso que la solicitud no cumpla con algún requisito, entonces se le comunicará al patrono para que corrija lo que corresponda y continuar con el trámite.

 

  1. Notificación en el artículo 3: Lo resuelto por la jefatura de la Inspección de Trabajo se comunicará a la parte empleadora de inmediato al medio de comunicación señalado para recibir notificación (correo electrónico)

 

  1. Recurso en caso de rechazo según el artículo 4:  Si el patrono no está conforme con lo resuelto por la jefatura de la Inspección de Trabajo debido al rechazo de la solicitud, podrá recurrir (acudir o reclamar a través del medio o auxilio procesal determinado) ante la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo, que deberá resolver en un plazo de tres días hábiles. Si continúa la disconformidad del patrono por lo resuelto de la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo podrá acudir a la vía judicial para lo que en derecho corresponda.

 

  1. Reintegro a las labores indicado en el artículo 5: Cumplido el plazo previsto para reiniciar las labores en la solicitud aprobada, la Inspección de Trabajo se encargará de informar la reanudación de los trabajos a los trabajadores, en los términos establecidos por el artículo 77 del Código de Trabajo. A continuación, un extracto de dicho artículo en relación con lo que interesa para este punto:

 

Artículo 77. –

 

La reanudación de los trabajos deberá ser notificada a la Inspección General de Trabajo por el patrono o por sus sucesores, para el solo efecto de dar por terminados de pleno derecho, sin responsabilidad para las partes, los contratos de los trabajadores que no comparezcan dentro de los quince días siguientes a aquél en que la mencionada entidad recibió el respectivo aviso escrito. (La negrita no es del original)   

La Inspección General de Trabajo se encargará de informar la reanudación de los trabajos a los trabajadores…

Si por cualquier motivo el referido Despacho no lograre localizar dentro del tercero día, …, a uno o a varios trabajadores, notificará a los interesados la reanudación de los trabajos por medio de un aviso que se insertará por tres veces consecutivas en el Diario Oficial. En este caso el término de quince días correrá para dichos trabajadores a partir de aquél en que se hizo la primera publicación.

 

Como puede observarse dicho artículo contempla los plazos para notificar la reanudación de los trabajos a las personas interesadas y que sucedería si los trabajadores no se reintegran a sus puestos luego de ser notificados como corresponde, es decir, según se desprende del artículo podría proceder la terminación del contrato de trabajo sin responsabilidad para las partes.

 

  1. Publicación de los formatos de la solicitud y declaración jurada: El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social publicará en su sitio web oficial www.mtss.go.cr, los formatos que la persona empleadora deberá seguir para la presentación de los requisitos. 

 

         Con este reglamento la parte empleadora puede solicitar ante la Inspección de Trabajo del MTSS la suspensión de los contratos de trabajo en forma parcial o total de sus empleados ante ciertas situaciones ya indicadas en los incisos a y b del artículo 74 del Código de Trabajo. La suspensión no extingue el contrato de trabajo solo lo paraliza por decirlo de alguna manera, en principio la suspensión afecta primordial y a veces exclusivamente, al deber de realizar la actividad convenida y de remunerar el trabajo, respectivamente para trabajador y el patrono pero subsistentes otras obligaciones del empleador que el mismo decreto señala, como por ejemplo: mantenerse al día con los pagos de las cargas sociales ante la Caja Costarricense del Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros.

 

Por último, ante la ausencia de un procedimiento claro en el ámbito de las relaciones laborales en nuestro país, este decreto pretende especificar los mecanismos normativos idóneos para enfrentar situaciones de emergencia, como la actual, dentro del Derecho Laboral y constituyendo así a partir de su publicación en el mecanismo general y permanente para la suspensión del contrato de trabajo dentro de la legislación nacional vigente. 

 

Espero que este artículo haya sido de su utilidad. 




Arianda Salazar Boniche

Docente-Administradora Educativa-Abogada-Mediadora y Conciliadora.

Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

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Reducción de Jornadas de Trabajo

 

Ante la crisis nacional y mundial con respecto a la pandemia del COVID-19, se han realizado diferentes acciones en los países afectados para asegurar no solo la salud y la vida de los habitantes en estos países sino también llevar a cabo ajustes en sus ordenamientos jurídicos para que el impacto en la población y en la economía misma sea lo menos gravosa posible.  Esta situación es realmente lamentable y nosotros no estamos exentos de esta realidad, es por lo anterior que el Gobierno de la República está realizando las coordinaciones y los ajustes pertinentes dentro de la legislación costarricense para salvaguardar en la medida de lo posible los diversos sectores sociales y económicos, para ejemplificarlo tenemos el caso de la reducción de las jornadas de trabajo en las personas trabajadoras dentro de una relación de empleo privado.

 

Es por esta razón que se aprueba y se publica el pasado 23 de marzo en el Diario Oficial La Gaceta, el Decreto Legislativo N° 9832 denominado “Autorización de Reducción de Jornadas de Trabajo ante la Declaratoria de Emergencia Nacional”. Ahora bien, muchas personas podrían hacerse las siguientes preguntas, ¿Qué quiere decir esto?, ¿A quiénes les ayuda o perjudica? ¿Por cuánto tiempo se podrá aplicar?, entre otras. El primer objetivo de este corto artículo es brindarles la información básica que contempla este decreto para su conocimiento y segundo si se encuentra dentro de las personas trabajadoras que señala el decreto verificar si su patrono aplica correctamente lo establecido si se acogiera a estas disposiciones.  

 

A continuación, se brindarán los puntos más importantes para tomar en cuenta según el decreto en mención: 

 

  1. En el artículo 2 se establece el ámbito de aplicación (a quién se le aplican estas disposiciones): personas trabajadoras dentro de una relación de empleo privado que se rigen por el Código de Trabajo, por motivo de la declaratoria de emergencia nacional.

 

  1. Artículo 3 Reducción de la jornada de trabajo: se podrá reducir hasta en un 50% el número de horas de la jornada ordinaria de trabajo pactada entre las partes (según el tipo de jornada). Es importante tener presente que esta reducción va de la mano de la información presentada por el patrono con respecto a la disminución de sus ingresos brutos y que podrá ser sometida a verificación por parte de la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), se presentan dos posibles escenarios en la disminución de ingresos brutos:

 

  1. Disminución de al menos un 20% en los ingresos brutos de la empresa y que es atribuible a la emergencia declarada, para este caso en específico a la emergencia nacional que se vive, mediante declaración jurada autenticada por un abogado, o por una certificación de contador público autorizado (CPA). La reducción en la jornada afectará el salario de la persona trabajadora en igual proporción en la que se disminuya su jornada. En caso de empresas con menos de un año de fundación, deberán demostrar dicha reducción de sus ingresos brutos a partir del promedio de los últimos tres meses previos a la declaratoria de emergencia nacional.

 

  1. Disminución que alcance o sobrepase un 60% de sus ingresos brutos en relación con el mismo mes del año anterior y como consecuencia evidente de la emergencia nacional, para este caso se podrá autorizar la reducción temporal hasta de 75% de las jornadas de trabajo semanal pactadas entre las partes.

 

Cabe señalar que el patrono debe iniciar ante la Inspección de Trabajo del MTSS, dentro de los tres días hábiles posteriores al inicio de la reducción de la jornada, el respectivo procedimiento de autorización. Además, la reducción de la jornada es una medida de carácter temporal, que se establecerá por un plazo hasta de tres meses y esta reducción de la jornada será prorrogable hasta por dos períodos iguales, en caso de que se mantengan los efectos de la emergencia declarada.

 

  1. Organización Sindical: cuando en las empresas existe organización sindical la reducción de la jornada podrá pactarse con el sindicato o los sindicatos respectivos, mediante cualquiera de los instrumentos de negociación colectiva que regula el Código de Trabajo. Si no hay sindicato podrá pactarse la reducción de la jornada mediante acuerdo con representantes libremente electos a través de un arreglo directo. En el arreglo directo no se requiere el visto bueno de la Inspección de Trabajo, solo se envía una copia de dicho acuerdo.

 

  1. Fueros de protección en el artículo 6: Con respecto a este punto el artículo 2 remite al artículo 6 para indicar en qué casos no procede la reducción de la jornada laboral, no será aplicable a trabajadoras embarazadas o en período de lactancia. En los demás casos de personas aforadas, la reducción de jornadas solo procederá cuando se establezca para al menos el 90% del personal de la empresa. Las personas aforadas son aquellas que poseen una protección especial en nuestra legislación laboral tales como: mujeres embarazadas o en período de lactancia, trabajadores afiliados a un sindicato o dirigentes sindicales, personas denunciantes de acoso u hostigamiento sexual, personas trabajadoras adolescentes, y en general, personas trabajadoras que sean víctimas de actos y despidos discriminatorios en su lugar de trabajo.

 

Se prohíbe utilizar la reducción de la jornada con fines discriminatorios o como medida o represalia en perjuicio de las personas trabajadoras.

 

  1. Prestaciones e indemnizaciones laborales según el artículo 4: Para el cálculo de las prestaciones e indemnizaciones laborales se considerarán los salarios percibidos antes de la autorización de la reducción de la jornada. Para cualquier otro cálculo de derechos laborales se tomará en cuenta el salario efectivamente percibido por el trabajador. 

 

  1. Faltas y sanciones indicadas en el artículo 7: El patrono que incurra en alguna de las faltas establecidas en el decreto se le sancionará con una multa según el artículo 398 del Código de Trabajo, las faltas son las siguientes: 

 

a) Utilizar esta medida temporal, reducción de jornadas de trabajo, de manera fraudulenta con un fin distinto al de la preservación del empleo o sin que la disminución de sus ingresos brutos responda a la emergencia declarada.

b) Utilizar la medida temporal, contra un trabajador o un grupo de trabajadores, con un fin discriminatorio.

c) No solicitar la autorización para la reducción de la jornada ante la Inspección de Trabajo del MTSS.

d) Aportar una declaración jurada con datos falsos o cualquier otra información falsa de la empresa.

e) Mantener la medida temporal por un plazo mayor al autorizado.

 

Como puede observarse este decreto pretende mitigar o evitar en cierta manera el impacto económico que genera una emergencia a nivel nacional - en este momento la pandemia del COVID-19- en las empresas que verían inevitablemente reducidos sus ingresos y podría desencadenar en una cantidad significativa de despidos de sus trabajadores ante la imposibilidad de mantener la relación laboral.  

 

La respuesta brindada ante esta emergencia entre el Gobierno de la República  y la Asamblea Legislativa mediante el decreto N° 9832, procura en su esencia mantener a las personas trabajadoras del empleo privado en sus puestos de trabajo, mediante una reducción en sus jornadas laborales que conllevaría a una reducción proporcional en sus salarios correlacionado con la disminución de los ingresos brutos que presenten los empleadores y verificado por la Inspección del Trabajo del MTSS durante el tiempo que establezca dicho decreto, sin emplear la figura de la suspensión del contrato de trabajo, que analizaremos en otro artículo.   



Realizado por Arianda Salazar Boniche

Educadora-Administradora Educativa-Abogada-Mediadora y Conciliadora.

 

Contactarla al correo electrónico, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

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Embarazo y maternidad en población de menores de edad insertas

 

en el Sistema Educativo

 

 

 

El embarazo y maternidad en niñas y adolescentes es una realidad latente en Costa Rica, si bien es cierto se han realizado múltiples acciones por parte de las instituciones estatales para disminuir sus tasas de incidencia en esta población, aún continúa siendo un factor que afecta a este grupo poblacional tan vulnerable impactando negativamente la posibilidad de continuar y finalizar sus estudios en el sistema educativo costarricense.

 

 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia en el artículo 2° considera como persona menor de edad a: “… niño o niña a toda persona desde su concepción hasta los doce años de edad cumplidos, y adolescente a toda persona mayor de doce años y menor de dieciocho”; como un dato preocupante para reflexionar está el siguiente: las personas con un rango de edad entre los 12 y los 18 años coinciden con las edades aproximadas de inicio de cambios o transformaciones sexuales, la finalización de esta fase, así como importantes variaciones psicosociales de estos individuos.

 

 

 

Según los datos brindados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) para el año 2017, del total de nacimientos reportados por grupos de edades de la madre en Costa Rica, se registraron 301 nacimientos por madres menores de 15 años y 9,849 por madres con edades entre 15 y 19 años. Siendo las provincias de San José y Alajuela las que más reportaron nacimientos de madres menores de 15 años. Para el caso de madres entre 15 y 19 años las provincias de San José y Alajuela fueron las que aportaron mayor incidencia. No menos importante indicar el hecho que en los últimos tres años 2015-2016-2017 ha disminuido la cantidad de embarazos reportados.

 

 

 

 

Fuente: Protocolo de Atención del Embarazo y Maternidad en Población de menores de edad insertas en el Sistema Educativo del Ministerio de Educación Pública

 

 

 

 

 

Ahora bien, en el Código de la Niñez y la Adolescencia se establece en el artículo 4° que, “Será obligación general del Estado adoptar las medidas administrativas, legislativas, presupuestarias y de cualquier índole, para garantizar la plena efectividad de los derechos fundamentales de las personas menores de edad…”, siendo el Interés Superior del menor de edad el principio rector para la protección mínima y efectiva de los derechos de esta población, el cual se observa en el artículo 5 de este mismo cuerpo normativo:

 

 

 

Toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho años, deberá considerar su interés superior, el cual le garantiza el respeto de sus derechos en un ambiente físico y mental sano, en procura del pleno desarrollo personal.

 

La determinación del interés superior deberá considerar:

 

a) Su condición de sujeto de derechos y responsabilidades.

 

b) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales.

 

c) Las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve.

 

d) La correspondencia entre el interés individual y el social.

 

 

 

Asimismo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución señala:

 

 

 

 …el menor de edad es un sujeto jurídico en desarrollo (o, en su caso, en formación), de cuya construcción alguien debe responder para beneficio de él y de la sociedad entera, resulta explicable que respecto de los menores de edad siempre exista una relación entre el interés jurídico de estos y los intereses jurídicos de otros (que pueden ser los padres o extraños, la sociedad en general o el Estado), evento en el cual aquél será “superior”. (Sala Constitucional, Voto No. 12458, 2011)

 

 

 

A nivel nacional se han realizado grandes esfuerzos para brindar protección y respuesta a niñas y adolescentes que se encuentran en esta situación tan sensible, es por esta razón que han desarrollado leyes, reglamentos o directrices institucionales para su aplicación inmediata, por ejemplo, se citan algunas de ellas:

 

 

 

ü  La Ley 7600 “Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”, 1996.

 

ü  Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley 7739) de 1998.

 

ü  Ley de Fomento a la lactancia materna, 14 de setiembre de 1994.

 

ü  Ley de Paternidad Responsable Nº 8101 de 7/04/2001

 

ü  Ley General de la Persona joven 20 de mayo del 2002.

 

ü  Ley General de protección a la Madre Adolescente.- Ley 7735, 1998, (Modificada a partir de la ley 8312).

 

ü  Ley de Relaciones Impropias, N° 9406 de 19 de enero 2017

 

ü  Ley Atención a mujeres en condición de pobreza, N° 776920 de mayo de 1998.

 

ü  Norma Nacional para la Atención integral de la Salud de las personas adolescentes:componente de salud sexual y reproductiva 2016

 

ü  DM028-04-2016, Estrategias para la continuidad del proceso, educativo de la adolescente embarazada y la adolescente madre. Con fecha 25 de abril del 2016.

 

 

 

Dada la importancia que representan los menores de edad para los costarricenses,  es que nace  el Código de la Niñez y la Adolescencia para reconocer derechos y responsabilidades de las personas menores de edad, por ejemplo en el Capítulo V se establece el derecho a la educación para niños y adolescentes, con el objetivo principal de fomentar sus potencialidades y otorgando al MEP el compromiso de velar por la permanencia de las personas menores de edad dentro de un sistema educativo basado en la gratuidad y obligatoriedad.

 

 

 

Ahora bien, el MEP en aras de brindar una respuesta institucional efectiva a este grupo tan vulnerable dispone en primer lugar: mantener a niñas y adolescentes en el sistema educativo como medida de protección y, en segundo lugar, proporcionar un ambiente seguro, de calidad y libre de toda discriminación.

 

 

 

Entre las medidas específicas que debe realizar el MEP para la prevención y atención del embarazo en la adolescencia en coordinación con la plataforma de los servicios del PANI y la Dirección Nacional de CEN-CINAI se encuentran: ( VER  Foto Adjunta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último pero no menos importante, el MEP con la convicción de promover espacios seguros dentro de las escuelas y colegios centralizado en el aprendizaje mediante la convivencia basada en la equidad y la justicia con un enfoque de derechos humanos y libres de toda forma de violencia y discriminación,  ha elaborado protocolos de actuación que son una herramienta valiosa, sencilla y práctica de apoyo al personal de centros educativos,  a los propios estudiantes y comunidad educativa en general, para que puedan enfrentar de una mejor manera estas amenazas o situaciones de vulnerabilidad.

 

Es por esta razón que el MEP ha desarrollado varios protocolos y entre los cuales está presente el Protocolo de Atención del Embarazo y Maternidad en Población de menores de edad insertas en el Sistema Educativo del Ministerio de Educación Pública.  

 

 

 

 

 

 Ralizado por Arianda Salazar Boniche

Educadora-Administradora Educativa-Abogada-Mediadora y Conciliadora

 

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"Quiero agradecer a cada uno de los habitantes del Cantón de Río Cuarto y especialmente a los habitantes de Santa Rita que con orgullo y con mucho cariño lo he representado como regidora suplente de éste hermoso cantón, muy en especial a la Licda Doris Rojas Morera y al Señor Rafael Rojas, que en su momento fueron las personas que pensaron en mi nombre, para formar parte en la papeleta del Partido Liberación Nacional, junto con mi compañero Carlos Andrés Rodríguez, Regidor Propietario, en el año 2016.

He tenido durante el lapso como regidora suplente, grandes experiencias y un vínculo de amistades que espero perdure por muchos años.

Al ser mi cargo Regidora Suplente tengo solo voz, en el Concejo Municipal, más no voto, sin embargo y en todo momento  apoyé cada una de las mociones, permisos o decisiones que se presentaron a nivel del Cantón. 

Tuve la oportunidad de solicitar al comité de la Persona Joven, la solicitud para que nuestros estudiantes del Cantón, asistieran a algunas de las sesiones, pensando a futuro en el Concejo Municipal  de Río Cuarto. Queda a decisión del actual Concejo Municipal, tomarlos en cuenta para su debida juramentación.

Al Gobierno Local, les deseo lo mejor en esta nueva gestión que nos compromete a todos a luchar y hacer que toda Costa Rica se sienta orgullosa de que este cantón se formó, con personas leales, responsables, visionarias, con miras a atraer el  turismo, empleo para todos, desarrollo y economía. 

Para buscar mejoras en todo el sentido de la palabra para todos y  todas las partes involucradas en general, respetuosamente deseo compartir, algunos pequeños consejos:

  • Formar comisiones entre ellas, las más importantes para que inicie sus labores la Municipalidad

  • Consensuar entre las fracciones, para tener una postura abierta donde cada uno brinde su opinión y llegar a una posición correcta, que beneficie a los habitantes del Cantón.

  • Priorizar proyectos, para tener una visión clara hacia las necesidades expectativas, dentro del marco que le corresponde a la municipalidad.  

  • Mirar, representar  , recopilar necesidades y expectativas ciudadanas para que sean puestas en discusión en el Concejo.

  • Dar audiencias priorizando información útil y necesidades comunales. 

  • Organizar el tiempo de trabajo en sesiones. 

  • Visitar y conocer las necesidades reales de las comunidades. 

  • Organizar reglamentos internos como becas, Manual de Puestos, otros

  • Concertar tratando de que las posturas sean escuchadas pero también escuchando a los demás participantes comunales, para así contar con un buen clima, a la hora de negociar.

  • Garantizar el acceso a la información pública.

  • Tener conocimiento de las fortalezas de la economía local.

  • Crear programas que apoyen la transparencia, la gestión tributaria, la administración financiera y la formulación del presupuesto participativo.

Como actual regidora suplente y persona que quiere al Cantón de Río Cuarto,  les deseo desde el fondo de mi corazón, toda la dicha y prosperidad para que en el futuro, otros cantones brillen con luz propia, como hasta el día de hoy, lo está haciendo éste bello Cantón de Río Cuarto.

Quedo a su disposición". 

 

MSc. Marta Ivonne Velandos Solano

Regidora Suplente

Municipalidad de Grecia

( Foto tomada del Facebook de Edgar Enrique Alfaro Vargas)

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“ Hay que impedir que el coronavirus nos lleve el abismo o a la morgue”

Conforme las medidas se agudicen y toquen más fuerte nuestros bolsillos, es necesario adelantar los escenarios con desprendimiento e impedir que el coronavirus nos lleve al abismo o a la morgue.

·          

Todo debe alcanzar para todos. ¡Fuera el egoísmo salvaje!

Consumamos menos agua, electricidad, y combustibles. No desperdiciemos alimentos ni productos de limpieza, menos productos farmacéuticos.

La producción agrícola, ganadera, granjera, de todo tipo de alimentos y bebidas debe continuar.

El país debe cuidarse de los contagios, no obstante, sin frenar el aparato productivo.

El 80% del empleo y la riqueza proviene   del sector privado; si entramos en pánico colectivo, cavaremos una fosa común.

Medidas compensatorias para sostener el principal motor de la economía:

  1. Atención alimentaria y subsidios a las familias vulnerables de los quintiles de ingresos más bajos y a los desempleados.
  2. Continuidad de los comedores escolares para los niños que lo requieran.
  3. Horarios flexibles y disminución de los mismos para poder contraer la planilla sin despedir gente.
  4. Disminución del costo de los servicios públicos nacionales y municipales para toda la población.
  5. Disminución de las tasas de interés, tanto de los créditos bancarios como de las tarjetas de crédito, así  como disposición a decretar moratorias de pago en principal e intereses por 90 días sin afectar la calificación de riesgo del deudor en el sistema.
  6. Eliminación de todo tipo de privilegios como pensiones de lujo, anualidades excesivas y pluses de altos salarios.

Por ahora los funcionarios públicos recibirán la totalidad de sus salarios pero una drástica caída en los ingresos por causa del debilitamiento del sector productivo los arrastrará a situaciones de imposibilidad de pago de remuneraciones. Solo un sector empresarial sólido y emprendedores valientes y creativos, junto a un sector público dinámico y comprometido, podrá superar esta tragedia que apenas empieza. No a las ideologías y populismos partidarios que aprovechan la coyuntura para generar odio y luchas sin sentido sobre si la supremacía del Estado sobre la empresa privada y viceversa. No se debe diluir neuronas cuando están en juego miles de vidas de seres humanos

Hay que hacer un inventario de recursos sanos para usarlos progresivamente, si es necesario, por ejemplo:

  1. Superávit de instituciones.
  2. Recursos ociosos de los bancos.
  3. Fondos de pensiones.
  4. Transferencias improductivas.
  5. Empréstitos sin ejecución.

Todo debe formar una masa o bolsa financiera que esté disponible para enfrentar esta emergencia.

No es un «sálvese quien pueda» más bien un «remamos todos en el mismo barco».

Conforme las medidas se agudicen y toquen más fuerte nuestros bolsillos, es necesario adelantar los escenarios con desprendimiento e impedir que el coronavirus nos lleve al abismo o a la morgue.

Incluso desde casa, todos podemos contribuir.

 

Fabio Molina, ex alcalde, ex diputado, y ex presidente ejecutivo del IFAM, además es abogado y empresario.

 

( Foto tomada del facebook de Fabio Molina) 

 

 

 

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UNO DE MAYO

El próximo 1 de mayo, harán juramento constitucional las autoridades municipales recién electas para asumir labores por 4 años. Para algunos significa la continuidad en puestos de elección popular, dado que ha sido reelectos por voluntad del soberano.

El ejercicio cívico y patriótico de servir a los demás, debe estar permanentemente matizado de una profunda e inquebrantable voluntad de servir y de una sana e impecable gestión de los recursos públicos. 

En el caso de mi querido cantón, San Ramón, ello significa no más ni menos, la celosa ejecución de un presupuesto ordinario 2020 con sumas millonarias. El mismo ha venido creciendo y demanda de un ejercicio democrático del poder, donde la transparencia y la eficacia deben conducir a la feliz conclusión, de que estamos gobernados por los mejores y ello debería darnos la confianza en la más sabia administración de recursos públicos. De manera que esta se haga con el más estricto apego a normas y criterios de oportunidad, conveniencia, eficacia e irrenunciable ahorro y cuido de esos “cinquitos” que todos aportamos a través de nuestros impuestos municipales, pago de servicios y suma destinadas a amortización de deudas e intereses sobre préstamos asumidos por autoridades con “sesudos planes de inversión”.

El ejercicio fiscal vigente lo enfrentamos en San Ramón con un presupuesto ordinario por más de 9 290 millones de colones;   6 094 millones producto de tributos y otros ingresos no tributarios,  como aseo de vías y recolección de basura, 1 800 millones por transferencias del Poder Ejecutivo como la Ley 8114 (Impuesto a los combustibles); y 1 383 millones por desembolso de créditos adquiridos con anterioridad. De modo, que nuestra municipalidad  se convierte en la empresa de mayor peso económico y la de mayor impacto para su desarrollo económico. Dicho presupuesto incluye los dineros correspondientes al Consejo de Distrito de Peñas Blancas.

La sapiencia de los líderes políticos que allí nos representan –Alcaldía y regidores y síndicos- marcarán la diferencia entre ser gestores de desarrollo y oportunidades, o dilapidar recursos y conformarse simplemente con administrar lo que hay, esperando a ver qué pasa. Esto último, no es opción en política ni en el manejo de fondos públicos. Estoy plenamente convencido que el presupuesto debe constituir una poderosa herramienta para el desarrollo de los pueblos y el surgimiento de industria y comercio, manejado suponemos, con la mayor austeridad y cuidado de lo que no me pertenece. Ambos valores, constituyen las premisas esenciales de quienes regirán nuestros destinos por los próximos 4 años. 

En materia de finanzas municipales, dos temas se tornan apremiantes para los ramonenses. Estos son los referidos a  qué entendemos por gastos corrientes y lo concerniente al cierre técnico del botadero de basura. Sobre el primer rubro se destinan 4 209 millones y sobre lo segundo se adquirió un crédito con el IFAM por 465 millones para el cierre del botadero. Préstamo que compromete futuros ingresos, lo cual no es lo mejor, dado que los contribuyentes ya aportamos 1 000 millones anuales para que nos recojan la basura. Y a partir del 20 de enero, ya no se deposita basura en Piedades Norte, se envía fuera del cantón y en las cuentas municipales encontramos dos rubros cuya finalidad no nos queda clara: una partida denominada servicios de gestión y apoyo para ese fin –recolección de basura-  y otra por 315 millones para el cierre técnico del relleno sanitario. Esto sucede, cuando el mismo presupuesto nos indica, que los gastos asociados al botadero municipal son de 241 millones de colones al año. El tema sobre el manejo de desechos sólidos en San Ramón, se veía venir desde hace más de 4 años; el plazo otorgado por la sala constitucional se ha vencido y no hubo capacidad para resolver en tiempo y en forma. Al contrario, se reservaron partidas para tales fines y más bien la alcaldía y concejo municipal, endeudan a los ramonenses con 315 millones para emprender una solución que no vemos por ningún lado. Más bien, existe el riesgo que presente algún presupuesto extraordinario para asumir los costos de enviar la basura a otro lado y el mismo –adivine qué- será asumido por los contribuyentes. No hubo capacidad en estos años para emprender acciones más vigorosas para motivar a la población a separar residuos, avanzar en educación ambiental y a disminuir la cantidad y volumen de desechos. Hemos perdido tiempo y la valiosa oportunidad de implementar algunos de los elementos de la Ley 8839-Ley para la Gestión Integral de Residuos. 

La municipalidad de San Ramón posee 276 empleados. El impacto de dicha planilla sobre el presupuesto municipal, hace que el 37% del presupuesto de la misma se va en salarios.  De 9 290 millones en posibles ingresos, se destinan 3 426 millones en salarios. Tomemos en consideración que dicho presupuesto incluye transferencias por el impuesto a los combustibles y préstamos adquiridos con antelación. O sea de cada colón que recauda la municipalidad, cuarenta céntimos serían para salarios. Me encantaría contar con un dato comparativo, cuántos empleados había en la municipalidad hace 4 años, con respecto a hoy en día. ¿Qué razones explican un crecimiento tan robusto de dicha planilla? De igual manera comparativamente, las remuneraciones en el sector público para efectos de remuneraciones equivalen al 26% del mismo. O sea que el mismo gobierno muestra mayor prudencia en el manejo de esos recursos. 

Bajo la modalidad de Servicios Especiales, hay 7 plazas de confianza asignadas a la alcaldía, que consumen más de  64 millones al año. Plazas creadas para “realizar labores de asesoría a la alcaldía, para que bride colaboración a la alcaldía, para brindar colaboración al alcalde en área social y económica, para brindar colaboración en oficina de Iniciativa Municipal y para brindar colaboración y apoyo a agricultores del cantón”. En los informes de alcaldía de los años 2017 y 2018, no hay hallazgos sobre el producto tangible del quehacer de dichos asesores y su impacto en el mejoramiento y desempeño de la administración; así como se carece de información sobre el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, pues no hay mención a la evaluación de desempeño  o qué tipo de indicadores se han fijado para justificar su existencia, más aún si allí se suman dos medios tiempos para dar seguimiento a proyectos y fortalecimiento de la imagen, no sé si de alguien o de la municipalidad como un todo.

En San Ramón, contamos con ayuntamiento desde hace más de 140 años y dicho ente históricamente, ha sido motor de desarrollo, y ese es el  norte que no debemos perder. Meses atrás ha sido en extremo penoso y bochorno, ver a esta municipalidad en los peores lugares en el Índice de Transparencia, estudio realizado por la Defensoría de los Habitantes. El año anterior, se tomaron en consideración los criterios de  acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y política de datos abiertos.  Alcanzamos una calificación de 20,8, ocupando el lugar 213 de 255 instituciones evaluadas, donde  municipalidades como la de Naranjo y Sarchi nos superan. En el 2017 estuvo entre las 31 que no aportaron información, cosa que sí hicieron municipios como Naranjo, Poas, Grecia, San  Mateo, Sarchi, Zarcero y Peñas Blancas. En el 2018, el puntaje alcanzado fue de 16,37, dentro de una escala de 1 a 100. Estos son datos que a todos debería de ponernos a pensar, pues la municipalidad es la principal y más grande empresa en nuestro ámbito territorial. Y nos toca a todos velar por su mejor y máximo desempeño.

Se han adquirido importantes deudas para compra y modernización de  maquinaria, de manera que a la red vial se le brinde una atención preventiva y oportuna. Por eso llama  la atención que dentro del presupuesto asignado a la Unidad Técnica Vial, aparezcan 415 millones reservados para alquiler de maquinaria y equipo cuando más bien dicha partida debiera ir  disminuyendo drásticamente, dado que hay nuevo equipo y en consecuencia se dependa cada vez menos de alquiler de maquinaria a terceros. Aunado a ello, la reserva de 230 millones para mantenimiento y reparación y compra de repuestos y accesorios a vehículos, también es alta, pues hay equipo nuevo y requiere menos gastos en esos rubros.

Si nos permiten un consejo, nuestras autoridades municipales, en aras de recudir gastos y buscar mayor eficiencia y mejor  rendimiento de las finanzas públicas, las nuevas autoridades debiesen revisar algunas partidas y tomar decisiones para presupuestos venideros. Se pertenece a un órgano como FEDOMA, cuyo aporte anual es de 17 millones, y  qué es lo que recibimos a cambio; en qué nos benefician, cuando más bien pareciera ser una entidad burocrática creada como especie de cementerio de los elefantes, pues  mi percepción es que lo poco que se hace desde allí, lo podemos lograr con nuestros propios medios en el ámbito local y con adecuada visión estratégica.

Escudriñando el mismo presupuesto ordinario para este ejercicio fiscal y último sobre el cual decidieron las actuales autoridades locales, en el rubro capacitación y protocolo, se ha transversal izado gastos por más de 7 millones, cuando en realidad es bastante probable que con la mitad de esa cantidad, se pueden cubrir las necesidades allí contenidas y enviar una fuerte señal a los ciudadanos del buen cuido y sana administración de los recursos públicos. Lo mismo ocurre con el rubro alimentos y bebidas por más de 16 millones. Entiendo que el protocolo y atender a visitantes requieren de ciertos gastos propios de la ocasión; pero la combinación de ambos montos -23 millones-  es excesivo.

Gastos en radio y televisión por más de 32 millones para campañas de divulgación, información y comunicación, es otra partida de obligada revisión. Suma alta que debiera ser dedicada a  campañas informativas, para combatir morosidad e informar sobre el quehacer municipal y no el de una persona en específico. El uso de estos recursos debe estar debidamente alineados con objetivos institucionales y no particulares.

Contempla dicho presupuesto más de 325 millones destinados fundamentalmente al mantenimiento y mejoramiento de la red vial cantonal, a lo cual se suman aportes de los vecinos. No comprendo aún, cómo se echa a andar dicho programa, sin existir aún un reglamento sobre presupuestos participativos, donde debe ser garantizada la calidad de los materiales utilizados en dichas vías, así como el criterio técnico en cuanto al diseño y ejecución de los proyectos. En el plan de compras se detallan además, otros  1000 millones para lastre y asfaltos, lo cual no es poca cosa.

El Festival Navideño contará con casi 22  millones este año y es importante valorar el impacto del mismo. Cómo impacta de manera positiva la llegada de visitantes y el aumento de ventas en los patentados durante esas semanas tan especiales e intensas. 

La denominada Copa Alcaldía consume recursos por más de 16 millones sin estar vinculada a ningún plan de desarrollo deportivo o fomento del deporte y la sana creación para la juventud masculina y femenina, mucho nos a constituir una acción estratégica en la promoción de la salud o sana recreación. Más bien en el informe de labores 2018 alegremente se indica que la final de dicho torneo, significó  repartir más de 600 platos de “arroz con pollo” a la estimable ciudadanía que acudió al cierre de dicho torneo. Insisto este tipo de gastos hay que vincularlos con mayor claridad y seriedad a un plan de desarrollo municipal que debe ser a todas luces estratégico y austero. Y no de disponer alegremente de los recursos. 

A escasos 60 días de que asuman, este importante compromiso cívico en nombre todos los ramonenses, deseo su mayor compromiso por los próximos 4 años, es decir 48 meses, y no por menos menos tiempo, pues a eso se abocaron en la pasada campaña política, donde nos han pedido su respaldo por 4 años y no por menos, no vaya ser que el frío cálculo electoral le genere un disgusto y sorpresa a algunos votantes, del pasado proceso electoral.

 

Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas

Cèdula 0204060127

 

(Foto tomada del Pac)

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Vamos directos al abismo con esta administración Pac, "estamos igual o peor a la administración  Carazo,  las personas de más de cincuenta cinco años  lo recordarán. Que curioso ambos partidos hablaron de cambio y de enterrar a Liberación Nacional y lo que hicieron fue consumir al país.  La preocupación de los ciudadanos debe ser,  la de cómo vamos a resistir dos años más de desgobierno, qué hacemos, como ayudar incluso a detener este descalabro!!!!. Saludo a mis amigos!!!!

(Artículo del ex diputado Luis Carlos Araya Monge)

( Foto tomada del Facebook de Luis Carlos Araya Monge) 

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¡Paren el Mundo, yo me bajo aquí!

Ing. Henry Alfaro Rojas.

Hola, quizás muchos hemos oído la frase que coloco como título de estos párrafos. Llevamos décadas de correr y correr. “Uno que madruga y otro que no duerme”, “El que pestañea pierde”, “Camarón que se duerme se lo lleva la corriente”, “Al que madruga Dios del ayuda”, “El tiempo es oro”; éstas y muchas más frases acuñadas para correr, para hacernos pensar que todo precisa, que todo es para ya, que urge, que en este mundo el tiempo vale oro y así se nos ha ido pasando la vida en un correteo sin parar. De repente todo se detiene; y la vida sigue, y seguirá y de seguro que mejor.

Si, así hemos visto frente a nuestras narices, morir amigos, familiares y personas cercanas de infartos, otros caer en depresiones por estrés, muchísimas separaciones de matrimonios, y muchos pasar por la vida respirando y trabajando, quizás muchísimo, pero NO viviendo. Solo hace unas dos semanas le vendí un carro a un italiano que vino a Costa Rica con su esposa y dos hijos, y me dijo, “nosotros trabajamos como locos para atesorar dinero, hace un tiempo mi padre llego a su edad de retiro, y murió apenas meses después, no disfrutó nada, siempre trabajó muchísimo, y por eso estamos aquí, no queremos repetir la misma historia”.

El engaño del consumismo, que nos dice que debemos tener casa, vehículo, viajes, pantalla gigante y no solo una sino una por habitación, computadoras, tableta, móviles, consolas de juegos, segunda casa, segundo vehículo, vehículos utilitarios, quinta o finca, lancha, mascotas, todo cuanto aparato se inventan para supuestamente hacernos la vida más fácil. Y para todo ello nos ofrece el mercado soluciones de compra con financiamiento, así es, porque si algo sobra en este planeta es DINERO, nos han hecho morder el anzuelo, muchos lo hemos mordido y hemos pasado años, décadas como esclavos del sistema financiero, trabajando para pagar deuda tras deuda, y con la espada sobre la espalda. ¡Si no pagas dejas de ser sujeto de crédito!  Si claro, sujeto de crédito para que sigas comprando lo que el sistema financiero mundial necesita que consumas. Porque en la Bolsas, todo son números, índices, lo único importante en los mercados de valores es el crecimiento. 

Y cuando se cae el mercado, para muchos se cae todo el sistema económico. Y a ese punto quiero llegar, seguro que si se cae, lo financiero, si por supuesto, el DINERO deja de circular, si no hay viajes de turismo ni de negocios, las aerolíneas vuelan menos, los hoteles no tienen huéspedes, los restaurantes, bares, clubes nocturnos, parques recreativos, conciertos y muchos más; no venden, los vendedores de tiempos compartidos no tienen clientes, los desarrolladores dejarán de tener demanda de hoteles, centros comerciales, casas de playa y bueno, la cadena de la caída del tráfico aéreo es enorme, personal de tripulaciones, aeropuertos, suplidores de productos para abastecer los aviones, hasta por supuesto la caída de la demanda de energía asociada a la producción de todo lo mencionado, y esto solo es una pequeñísima parte del negocio del turismo a nivel global. Como es de esperar, en un mercado globalizado, y en medio de todo esto, posiblemente y al menos por algún tiempo, en estos inicios del Covid-19 a nivel mundial, el sector salud, los supermercados y los proveedores de servicios de telecomunicaciones están llenando sus bolsas. Pronto los cambios en la oferta y la demanda empezarán afectar las cadenas de valor y como consecuencia los precios al consumidor. 

Números y más números. Vemos los reportes del comportamiento del virus a nivel mundial y las acciones tomadas por los gobernantes de las naciones, responden a la búsqueda de la menor afectación a la economía y a la salud, lo anterior lo demuestran estudios sobre el crecimiento de la curva de contagio, versus capacidad hospitalaria, para evitar que el sistema colapse, versus impacto en la economía, versus número de fallecidos por rangos de edad. Uno de los más completos que he visto, nos muestra el comportamiento de la curva según las diferentes medidas de contención y sus tiempos de reacción y, muestran cómo según el comportamiento de las personas a las indicaciones se reduce el número de infectados y con ello los sistemas de salud soportan la envestida de un virus que vino para quedarse, invadir a todo el planeta, sin distinguir razas, clases sociales, poder económico, y así recordarnos muchas buenas razones de verdadero valor para VIVIR, para AMAR, para DARSE. 

Las acciones de contención, con nuestro aislamiento en los hogares, cerrar muchos lugares públicos y las cancelaciones de eventos masivos y reuniones salvarán muchas vidas, porque de esa manera se evita el colapso de los sistemas de salud, pero estas medidas no curan el virus. La economía personal, nacional y mundial no soportará un evento prologado de esta naturaleza por lo que deberá crearse ciclos de aislamiento para contener los efectos mortales, al menos mientras se encuentra una vacuna, y aprendemos a vivir una nueva normalidad y empezamos a recoger las cenizas de un sistema financiero destrozado. Es cuestión de semanas para que los gobernantes deban tomar acciones sobre el no pago de intereses de la deuda y de los capitales a plazo, sobre el adelanto de pensiones y muchas otras necesarias para lograr con muchísima solidaridad y el uso de los capitales almacenados, restablecer el orden y la paz entre los humanos, y las naciones vuelvan a levantarse y con fe en Dios, en la humanidad y su capacidad de entendimiento nos permita abrazarnos de nuevo.

Al parecer el cosmos escucho a muchos gritar, ¡Paren el mundo, yo me bajo aquí!, y no habrá necesidad de bajarse, por el contrario, tenemos frente a nosotros la oportunidad para juntos construir un nuevo orden. Aprovecha este tiempo, ahora muchos lo tienen. Es tiempo para la reflexión, para perdonar, para amarse, para darse a los demás y a uno mismo, es tiempo de sacar lo mejor de tu SER.

( Foto de Henry Alfaro Rojas)



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El excelente Presidente Municipal de Grecia, Edgar Alfaro está en contra de la venta de la Fábrica Nacional de Licores ( FANAL)

Acta 18 febrero 2020

Acá su opinión

Regidor Edgar Alfaro Vargas: 21 Dice que la Ley 7972 es una ley que dio un viso diferente a FANAL, Fanal es 22 parte del CNP esa es la razón social de FANAL, brindarle un apoyo a los 23 pequeños Agricultores y Grecia recibe aproximadamente doscientos millones 24 anuales, por lo que está totalmente en contra de la venta de FANAL. ----------- 25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 Agrega que Fanal paga once mil millones de colones en impuestos anuales y la 27 quieren vender en nueve mil millones por lo que considera que es un negocio 28 redondo para alguien. --

 

( Foto Encuentro Municipal) 

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Para bien de nuestra Democracia, terminó el Proceso de Elección de Alcaldes. En lo personal siempre estuve en contra de la Reelección, no solo porque se violan Principios Constitucionales, especialmente el de IGUALDAD , porque no existe ninguna duda, que quien aspire a esa noble aspiración , siempre estará en condiciones de DESIGUALDAD en un enfrentamiento electoral contra quien ES ALCALDE EN EJERCICIO Y ASPIRA NUEVAMENTE A LA REELECCIÓN. Cuando este Ciudadano propuso UN CAÑAS MEJOR PARA TODOS, pensé en UNA COSTA RICA MEJOR PARA TODOS. Un Cañas y una Costa Rica, totalmente diferente a la actual, en la que no hay duda, que lamentablemente, el Costarricense dejó de tener claro, QUE TODOS SOMOS IGUALES, TODOS NOS NECESITAMOS Y TODOS DEBEMOS ESTAR UNIRNOS . La reelección es un freno a esos propósitos, que lejos de ser reales, en su realidad han sido UTÓPICOS. La Reelección nos divide, nos enfrenta unos a otros y así nunca conseguiremos UN CANTON o un PAÍS diferente. La Reelección debe desaparecer jurídicamente, mientras exista estará impidiendo REACTIVAR NUESTRA ECONOMÍA, GENERAR EMPLEOS, REDUCIR POBREZA Y DESIGUALDAD, REDUCIR DELINCUENCIA Y DROGADICCION , e influirá para  que podamos mejorar nuestro DESARROLLO y lograr UN MEJOR BIENESTAR Y PROGRESO. En un CAÑAS MEJOR PARA TODOS, va implícita la obligación para bien de todas y todos, que el GOBIERNO MUNICIPAL debe estar UNIDO, A LA PAR, DE LA MANO, de las INSTITUCIONES ESTATALES, DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS, DE LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO, DE LAS ORGANIZACIONES LOCALES, DE LOS LÍDERES COMUNALES, DEL SECTOR BANCARIO Y DEL SECTOR PROFESIONAL. Debemos entender de una vez por todas, que si UNIMOS RECURSOS HUMANOS, RECURSOS MATERIALES Y RECURSOS ECONÓMICOS, vamos a contar con mayores y mejores posibilidades de SALIR ADELANTE Y CON ÉXITO y de lograr UN CAÑAS MEJOR PARA TODOS y UNA COSTA RICA MEJOR PARA TODOS. Unámonos para que SE ELIMINE LA REELECCIÓN. Tengamos claro, que pasado  un proceso electoral, comunalmente y en nuestro país, más que partidarios y dirigentes de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Partido Acción Ciudadana, Restauración, Frente Amplio, Nueva Republica, etc, etc, existe, UN CAÑAS, UNA COSTA RICA, que pide A GRITOS, un cambio positivo y mejor para todos. Unámonos , Caminemos Juntos y esta manera llegaremos más lejos. Que tengan un lindo día y como siempre mis abrazos.

(Foto tomada del Facebook de Luis Apuy Sirias-alcaldía Cañas 2020).

Artículo de Opinión de Luis Arnoldo Apuy Sirias. 

 

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Acoso Laboral  

 

En los últimos años se escucha con más frecuencia el término de acoso laboral para indicar que una persona manifiesta vivir o sufrir alguna situación perjudicial, estresante, insostenible en su lugar de trabajo; es importante profundizar un poco más sobre este tema de previo a denunciarlo y luego llevarse una sorpresa que lo que se pensaba que era acoso realmente no lo fue. La finalidad de este corto artículo es brindarles un panorama general sobre esta figura tales como que es acoso laboral y cuáles son los elementos que deben cumplirse para demostrar esta situación en las instancias administrativas o judiciales correspondientes, posteriormente con esta información usted pueda reflexionar si se está ante una situación de acoso o no en su lugar de trabajo y decidir si busca la protección a través de la legislación vigente.

 

Primeramente, que se entiende por acoso laboral, se puede resumir como el comportamiento que adopta una persona en su ámbito laboral, para perjudicar a un empleado o grupo de empleados, con la intención incluso de que esta persona renuncie a su empleo. (Vargas , 2011, p. 75). En otras palabras, una persona con el fin de perjudicar a otra o grupo de trabajadores busca con su comportamiento producirles problemas psicológicos, familiares, laborales, sociales, económicos; se caracteriza este comportamiento por ser constante y realizado a través de cierto tiempo.

 

Por ejemplo, un insulto o chiste con cierta sugerencia, un comentario entre corredores dirigido a cierta persona, que empiezan a decirse de manera constante (al menos una vez a la semana) durante cierto periodo de tiempo (algunos meses). Ahora bien, la teoría clasifica en cuatro categorías posibles de acoso u hostigamiento: ascendente, descendente y entre iguales. La cuarta categoría sería la que integra a las tres (Pérez 2008).

 

El acoso descendente: son los actos que realiza un jefe de manera abusiva, irrespetuosa y perversa obligando al subordinado a dejar el trabajo de manera voluntaria o a solicitar el cambio o la renuncia. (Piñuel, 2001). Pérez (2008) añade que esta jefatura puede ayudarse de cómplices que estén a su cargo para llevar a cabo estos comportamientos y así ocultar que él está detrás de este acoso. 

En el acoso ascendente, un grupo de subalternos acosan al jefe entrometiéndose en su vida privada, cuestionando su estilo de gestión o administración o su liderazgo, por no tener requisitos para el puesto, entre otros. Normalmente este acoso se da por luchas de poder, posiciones políticas, etcétera. Es importante indicar que no se denomina acoso, cuando la jefatura está actuando bajo los lineamientos establecidos en la organización y está al amparo de la sana administración y aplicación de la normativa vigente. (Vargas, 2011).

El acoso laboral entre iguales se presenta cuando trabajadores de un mismo nivel que no tienen un cargo o jefatura formal (como podrían ser coordinadores o mandos medios, sin tener el poder para tomar decisiones), atacan a un compañero con el fin de que se le traslade o despida (Vargas, 2011). Para mayor ilustración se adjunta la siguiente imagen. ( VER Foto adjunta)













Fuente: Elaborado por Elizarda Vargas Morúa a partir de Pérez 2008.

 

Según Elizarda Vargas (2011), la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica ha señalado cuales son los elementos para declarar que ha habido acoso laboral:

1) Intencionalidad de minar la autoestima y dignidad del funcionario. (La persona tiene el objetivo de destruir la autoestima y dignidad de la otra persona-víctima)

2) Repetición de la agresión por un período. (Constante en el tiempo)

3) Que la agresión provenga de quien tiene la capacidad de causar daño.

4) Que la finalidad consiste en presionar al servidor para que abandone su trabajo y así dar por terminada la relación de empleo (p. 81). (Se traslade o renuncie)

Un aspecto que llama la atención sobre el acoso laboral es que puede iniciarse con una situación de acoso sexual y ante la negativa de la víctima hacia al acosador, la situación se transforme en acoso laboral.

Los tribunales han determinado que sí existe acoso laboral si se comprueba: si hubo un abuso del poder jerárquico, si existió comportamientos abusivos de los superiores en el trato diario hacia sus subalternos y/o un despido injustificado; cuando se comprueba el acoso laboral se ha compensado al trabajador al pago de daños y perjuicios ocasionados, además de todos los derechos correspondientes. 

Por otro lado, los jueces han determinado que no existe acoso laboral cuando: el patrono o jefatura realiza acciones legítimas en función de sus potestades de dirección en la organización de su empresa o institución, el trabajador ha incumplido acuerdos a los que ha llegado con su patrono, por acciones voluntarias realizados por la supuesta víctima. 

Y usted se preguntará, ¡bueno¡ ¿y cómo se procede ante una situación de acoso? ¿existe alguna ley que me proteja?.  En Costa Rica esta figura no se encuentra regulada mediante alguna ley en específico que proteja a la víctima ni acuse a la persona acosadora; no obstante ha habido intentos en la Asamblea Legislativa para crear una ley que lo regule, esto no quiere decir que el trabajador no tenga derecho al debido reclamo e indemnización. En el Código de Trabajo hay normativa suficiente al respecto como en los artículos 19, 69, 81, 83, en el Código Civil artículo 1045, la Ley General de Administración Pública artículos 191 y siguientes, además se podría recurrir a normativas o reglamentos institucionales.

En Costa Rica, las denuncias por acoso laboral se pueden presentar ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (instancia administrativa) o bien directamente ante los Tribunales de Justicia (cabe aclarar que los funcionarios públicos también podrían recurrir ante la Defensoría de los Habitantes).

Si quisiera ampliar más sobre el tema puede consultar la bibliografía existente como por ejemplo  el artículo denominado “Acoso Laboral en Costa Rica” elaborado por Elizarda Vargas Morúa y publicado en la Revista Nacional de Administración, Revistas UNED, Enero-Junio, 2011.

 

Realizado por Arianda Salazar Boniche

Educadora-Administradora Educativa-Abogada-Mediadora y Conciliadora.

 

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Alexis Quesada Vargas, regidor electo por el partido PUSC en Palmares (2020-2024),.

Soy comerciante, mi trabajo es en producción y exportación de plantas ornamentales, pequeña empresa familiar.

Desde muy joven me involucré en actividades políticas con la Unidad Social Cristiana, en el año 1990 se me dio la oportunidad de ser electo Ejecutivo Municipal, en el periodo 1998 a 2002 fui Regidor, las dos experiencias muy interesantes y provechosas para mi formación política.
Ahora tengo de nuevo la oportunidad de formar parte del Concejo Municipal, muy preocupado con la situación de mi cantón.
El estancamiento en que  está, hace pocos años éramos el cantón modelo de Occidente, hoy envidiamos el desarrollo de los cantones vecinos.
 Palmares no tiene alma, quienes administran la Municipalidad pareciera que no les interesa nada, solamente que pase el tiempo para salir.
UNION 
Para sacar a Palmares de donde nos encontramos debemos unirnos en  el nuevo Concejo Municipal, tenemos que olvidarnos de banderas políticas, de revanchismos, de sacada de clavos, etc
Tenemos que unirnos asociaciones de desarrollo comunal, empresarios, ACP, cooperativas, Síndicos, comités de distritos, el deporte en general, fuerzas vivas.
A la nueva Alcaldesa y su equipo le deseo lo mejor, hay mucho trabajo por realizar tanto dentro como fuera de la Municipalidad, que Dios los ilumine, les de mucha sabiduría, lo mejor que le puede suceder es trabajar en unión con el Concejo Municipal, que se sienta acuerpada en todo lo que proponga siempre pensando y como lo dijeron PALMARES PRIMERO.
Como Regidor apoyaré todas las buenas iniciativas vengan de donde vengan, hay mucho que hacer, hay muchas necesidades en todo el cantón.
Siempre estaré vigilante de lo que se quiera hacer en contra de los derechos de los ciudadanos, así como de actos de corrupción,   
 
Artículo de Opinión de Alexis Quesada, regidor electo por el cantón de Palmares. 
(Foto tomada del Facebook de Alexis Quesada) 
 
 
 
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Lo único grandioso  que he visto en Cañas en mis 41 años, es esta Capilla de Velación, tremendo beneficio para la mayoría de cañeros en caso que la lleguen a ocupar.

El cantón recientemente cumplió 141 años y parece que fue un velorio más bien lo que se celebró.

Cañas por el suelo en todo el sentido de la Palabra.  Parece más muerto que vivo, ni siquiera la nueva carretera a Liberia parece levantarla del huecazo donde está.

Lo poquito que se gesta en obras o proyectos es por ayuda gubernamental y alguna que otra colaboración externa.  ¿ Y el Gobierno Local, para que está, además de cobrar impuestos y patentes?.

 Después de ahí no hay más nada por la que se pueda hablar a excepción de la capilla, claro hay una lluvia de buenas intenciones  del ayuntamiento pero  no  se cristalizan.

Cómo duele saber que tanto Gilberto Jerez como Luis Fernando  Mendoza, fueron diputados por Cañas,  y no lograron un proyecto de ley que se concretara para beneficio de los cañeros en su periodo como legisladores.

Y si hablamos de la actual diputada que representa al empobrecido cantón de Cañas, en la Asamblea Legislativa o ¿ casa de los sustos?, me refiero   Mileidy Alvarado, tampoco hay señales de un proyecto de ley para esta comunidad, aunque en el Congreso,  la señora Alvarado   recorra los pasillos de un lado a otro y reciba un sueldazo de casi 5 millones de colones al mes.

Y si hablamos de los  otros  3 diputados por Guanacaste, nada de nada    para esta decaída  provincia ,  Hilda María Montiel, Luis Antonio Aiza ( ambos PLN) y Rodolfo Peña ( PUSC) repito nada de nada. A mí me genera  bostezo los discursos de Rodolfo Peña,  ( Luego me voy a referir a Liberia).

¿  Y las ventas ambulantes?

En  los últimos  meses pero muy deficiente la Muni  para contrarrestar las ventas ambulantes, arreglar el estadio, el gimnasio y poner a caminar aunque sea un proyecto de impacto para Cañas, reitero de impacto, no de relleno o de buenas intenciones.

 Ante tanta inseguridad, desempleo y estancamiento,  urge reaccionar, además por transparencia actualizar las actas del concejo municipal, para que la ciudadanía esté informada de todo.

Asfaltar calles es fácil, para eso   existe la ley 8114, ( yo  le llamo la ley de tapa huecos porque se giran recursos del Gobierno Central ) poner unas letras en el parque también, hablar de los bailes típicos, sacarse selfies también,  pero Cañas necesita  un proyecto de impacto para evitar su lenta muerte.

 Revivir y recuperar parte de su identidad, tener un equipo de   fútbol en Liga de Ascenso( Segunda División) y   buscar la forma de atrapar al turista para que se quede en Cañas.

 

Artículo de Opinión del Periodista José Luis Jiménez Robleto, incorporado al Colegio de Periodistas de Costa Rica, carné 2398.

Además el autor de este artículo laboró para Grupo Nación y Grupo Extra y para una federación de municipalidades.

Es asesor político y director del medio de comunicación digital Encuentro Municipal que tiene el sello de Garantía del Colegio de Periodistas, Código  1044.

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