Opinion

Las municipalidades y el Covid - 19

Las Municipalidades y el COVID-19

 

Ing. Henry Alfaro Rojas, MGP, PMP, IMC.

Exalcalde y Expresidente Municipal de Grecia

 

El próximo 01 de mayo asumirán su cargo los nuevos alcaldes, regidores y síndicos. Se integrarán a partir de ese día los Concejos Municipales con su presidencia y vicepresidencia, sus comisiones permanentes y especiales, los concejos de distrito y una nueva generación de gobernantes locales, en algunos casos con experiencias anteriores, iniciarán su tarea en una coyuntura tanto local como nacional y mundial muy diferente.

 

Estamos en estado de pandemia por el Covid-19, un estado de guerra contra un virus que amenaza a la población humana, en especial a los adultos y personas con ciertas patologías previas, que en caso de salirse de control nuestro sistema de salud podría no tener capacidad de respuesta.

 

En Costa Rica se detonó el virus con el primer caso el pasado 6 de marzo, lo que ha llevado, apenas en cuestión de semanas, a tomar medidas propias de una situación de guerra. Prohibición al ingreso de extranjeros con su impacto en el transporte aéreo, cancelación de eventos masivos, cierre de establecimientos de reunión pública, bares, gimnasios, establecimientos deportivos, establecimiento de restricción al movimiento de vehículos por placas en rangos horarios y regulaciones al movimiento del servicio público de autobuses; todo esto en medio de directrices para el aislamiento social y protocolos para mejorar el aseo personal, la limpieza en zonas de alto tránsito y hasta cómo estornudar.

 

A lo anterior se suma una serie de leyes nuevas y modificaciones a otras para reducir el impacto en la economía en general y en particular en las personas, familias y empresas; medidas adoptadas por el Ejecutivo en procura de garantizar la menor cantidad de muertes y asegurar la capacidad de nuestro sistema de salud de responder ante la gravedad de los efectos que sobre la salud provoca el virus; medidas en su gran mayoría propias de los poderes Ejecutivo y Legislativo, implementadas por los Ministerios de Salud, Seguridad, Hacienda y Trabajo e instituciones como CCSS, CNE, ICE, CNFL, actores del sistema financiero, entre otras, y muy especialmente por las Municipalidades. Por supuesto con la participación activa de la población que, a esta altura de la evolución del virus, tras poco más de un mes, merece un aplauso. Muy a pesar de unos cuantos cabezones y a pesar de la pobreza y limitaciones económicas de muchas familias causada por una economía que ya venía decayendo, ha mostrado un comportamiento ejemplar. Gracias costarricenses por su educación y solidaridad.

 

Desde el inicio de la declaración de la Pandemia por parte de la OMS, las Municipalidades han tomado acción conforme sus competencias, dando publicidad formal a las medidas y haciendo llegar comunicados a la población y a sus clientes, cerrando parques y áreas públicas, cerrando establecimientos deportivos en coordinación con los Comités Cantonales de Deportes que son un ente municipal pero con personería jurídica instrumental, apoyando al Ministerio de Seguridad con la Policía Municipal o con los inspectores municipales según sea el caso, haciendo recorridos de verificación de cumplimientos de cierres y aplicando sanciones cuando corresponde, haciendo fumigaciones de mercados, lavados y desinfección de aceras y parques.

 

También de forma coordinada, junto a la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), se inició la búsqueda de soluciones para enfrentar la crisis, tanto para las Corporaciones Municipales como para sus munícipes, patentados y propietarios de bienes inmuebles que se han visto afectados en diferentes formas y en un abanico de situaciones muy diferentes.

 

Tenemos municipalidades con afectación en el sector turismo con grandes extensiones de Zona Marítimo Terrestre (ZMT), con cánones por su concesión a beneficiarios, hoteleros en su mayoría, patentados que verán disminuidos sus ingresos y cuyas patentes en la mayoría de las leyes son calculadas con base en la renta bruta y renta neta. La cantidad de afectaciones es enorme, alquileres de mercados, patentados de establecimientos cerrados y con reducción de ingresos, proyectos de construcción desacelerados y en general todos los ingresos de los servicios públicos que prestan los municipios presentarán problemas de pago o incremento en la morosidad.  

 

Más del 20 % de la población de Costa Rica tiene agua potable de sistemas municipales, el servicio de recolección, tratamiento y disposición final de la basura, el servicio de limpieza de vías y mantenimiento de parques, los servicios de parquímetros, el servicio de la policía municipal y servicio de mantenimiento y administración de cementerios, son servicios que por su naturaleza y según nuestra legislación se cobran al costo y en el mejor de casos según lo actualizada que esté su tarifa, cuenta con un máximo de un 10 % para desarrollo del mismo servicio; por lo tanto, no se puede tomar dineros de los ingresos de un servicio para subsidiar otro gasto ordinario de la Municipalidad.

 

Si un servicio en un periodo fiscal genera un superávit o se quedan fondos sin invertir, esos recursos irán a la liquidación y se reinvertirán en el periodo siguiente y por lo tanto, en caso de tener servicios deficitarios la municipalidad entraría en un problema de liquidez, inclusive para pagar los salarios de los servicios deficitarios.

 

Aquí entra en juego otro factor y es la limitante legal del tope del 40% del gasto en administración, restricción que busca tener altos niveles de eficiencia y eficacia en la administración municipal y que ante la caída de ingresos podría poner en problemas a algunos municipios, principalmente aquellos con economías más limitadas.

 

La coyuntura es de especial cuidado en la mayoría de los gobiernos locales que tienen muy pocos ingresos de los impuestos de patentes, construcciones y bienes inmuebles o impuestos especiales como cemento, banano y de los muelles o aeropuertos que benefician a cierto grupo de municipios.

 

Como sabemos en Costa Rica muy pocas municipalidades tienen ingresos significativos de esos rubros, básicamente las siete cabeceras de provincia San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Guanacaste, Puntarenas y Limón, y algunos cantones como el caso de Belén, Escazú, Curridabat, Santa Ana, Garabito, San Carlos y otros pocos, de forma que la capacidad de maniobra financiera de las municipalidades es poca, considerando que menos del 20 % está en un rango de ingreso alto.

 

Lo anterior sin considerar que el proceso de aprobación de los presupuestos municipales es de los mejor llevados por la Contraloría General de la República (CGR), los cuales se clasifican en 4 programas, Dirección y Administración General, Servicios Comunales, Inversiones e Inversiones por Partidas Específicas, este último de muy escasa cuantía. Esto hace que en general las municipalidades sean de las mejor controladas en lo financiero y que sus niveles de endeudamiento estén ligados a los ingresos libres de los flujos presupuestarios que responden a datos históricos y crecimientos controlados que inclusive se van ajustando a lo largo del año conforme los informes de ejecución y gasto de cada trimestre.

 

Los Alcaldes presiden las Comisiones Municipales de Emergencia y desde que se decretó la alerta amarilla han estado al frente, cada uno en su cantón y en estricto alineamiento con lo que dicta la CNE y las directrices y decretos del Poder Ejecutivo, muchos en silencio, pero trabajando en cada uno de los 82 cantones.

 

Llama la atención el desconocimiento de algún sector del periodismo nacional y de la población sobre las posibilidades reales de actuar en esta pandemia de los municipios costarricenses, quizás el régimen municipal menos autónomo y descentralizado de América, con gran diferencia de otras latitudes donde el poder que les confirió la ley es mucho más amplio tanto en competencias como presupuesto donde alcanzan en promedio el 23.9 % del presupuesto nacional (10 veces más que en CR) y son verdaderos gobiernos locales.

 

Al respecto mi llamado a las nuevas autoridades locales, que el próximo 1 de mayo harán su Juramento Constitucional de respetar y hacer cumplir la constitución y las leyes de la República, es para que con mucha asertividad, compromiso y respeto al marco de legalidad puedan implementar y dar continuidad con innovación y apertura al nuevo orden económico imperante.

 

Lo anterior no pretende en ninguna medida hacer un llamado a no actuar. Todo lo contrario, es un llamado a hacerlo bien, a que en medio de la situación y de poner como prioridad al ser humano y de evitar el colapso de nuestro sistema de salud, responsablemente también se inicie o de continuidad a una revisión del presupuesto municipal, se recorte cualquier gasto posible y se procuren inversiones que den trabajo a los sectores que más dinamizan la economía.

Algunas municipalidades responsablemente como es el caso de Grecia, a la cual represento como regidor, no hemos hecho uso del superávit del 2019, para dar espacio y margen a las nuevas autoridades, pero también habrá que revisar con el Ministerio de Hacienda, la inminente reducción de los ingresos de la Ley 8114 y sus reformas que afectará a las Unidades Técnicas de Gestión Vial Municipal (UTGVM).

Creo que será prioridad de quienes aún estamos comprometidos y de las nuevas autoridades, apoyar cambios en la legislación, generar ahorros, evitar nuevas contrataciones de personal y fomentar acciones de apoyo para reducir costos de los servicios municipales. Instruir la revisión de las tarifas, en los casos que se pueda. Se debe evitar inversiones que sean postergables para rebajar el costo de cualquier servicio en la inmediatez.

Por otro lado, esta situación da una gran oportunidad para que las municipalidades sean autorizadas por ley para constituirse como Unidades Ejecutoras de Proyectos (UEP) de Obra Pública y colaboren con los Ministerios de Educación, Seguridad, Vivienda, Obras Públicas, CCSS y CNE, entre otros, en la ejecución de obra pública local. Son muchas las escuelas, colegios, proyectos de vivienda social,  áreas de salud, cárceles, delegaciones de seguridad y de tránsito, puentes, caminos, obras de seguridad de causes, estabilidad de taludes, inclusive de mantenimiento y limpieza de cunetas y bordes de caminos de la red vial nacional, que si fuesen contratados a nivel local permitirían una verdadera distribución de la riqueza, llevando bienestar a familias de áreas rurales y dinamizando la economía desde lo local y con ello impactando positivamente sobre los índices de pobreza y seguridad del país, sin dejar la responsabilidad supervisora de los dueños de los fondos.

            Requerimos que el Poder Legislativo apoye una iniciativa integral, que permita otorgar una moratoria del pago de impuestos y servicios a quienes demuestren requerirlo sin desfinanciar el flujo de efectivo para honrar los compromisos, flexibilizar el uso de ingresos con destino específico, trasladar ingresos de servicios con balance positivo a otros que puedan tener déficit, usar los superávit libres en gasto ordinario, incrementar el porcentaje permitido de gasto administrativo temporalmente para evitar despidos, así como no cobrar algunos cánones del Gobierno Central, tal es el caso de la ONT y el RN que toman recursos del IBI; y asegurar los ingresos para el mantenimiento de caminos y especiales en las municipalidades que aplique para lograr la sostenibilidad del Régimen que como bien lo han dicho muchos, está llamado a actuar, innovar y apoyar con su gestión el desarrollo humano integral de sus comunidades.

            Hoy, nuestro Régimen Municipal, a pesar de ser pequeño en su porcentaje de participación del presupuesto de inversión pública, apenas un 2.3 %. Tiene una condición financiera muy sana, contrario al Gobierno Central que tiene un 45 % de su gasto ordinario financiado con endeudamiento y que sistemáticamente por décadas violentó la Constitución. Las municipalidades solo tienen un 4.8 % de endeudamiento y nunca han financiado gasto ordinario con ingresos extraordinarios. Razón por la cual aplicar la regla fiscal al Régimen que nunca ocupó una nueva ley para cumplir con el precepto constitucional resulta no solo innecesario, sino absurdo.

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